Albert Salvador Lafuente
El
pasado 8 de febrero tuvo lugar en el Auditorio Cecabank de Madrid el II
Congreso Nacional Antifraude de la capital. El evento, organizado por la World
Compliance Association (WCA) a través del Comité Antifraude, juntamente con la
Fundación Universitaria Behavior & Law y la Asociación Española de Empresas
Contra el Fraude (AEECF), reunió a más de 150 profesionales del sector,
recordando el éxito de la edición pasada. En esta ocasión, se abordaron
múltiples facetas del fraude, poniendo especial énfasis en el auge del
ciberfraude y en las nuevas herramientas digitales que pueden ayudar a
combatirlo.
La
inauguración del congreso, de manos del presidente de la WCA, Iván Martínez
López, y de la subdirectora General del Servicio Nacional de Coordinación
Antifraude, Mercedes Rodríguez Tarrida, dejó entrever la creciente preocupación
por el fraude no solo en las entidades privadas, sino también en las públicas
y, en especial, en relación a las “prácticas fraudulentas en materia de gastos
relativos a la contratación pública y subvenciones públicas”, según Rodríguez.
A modo
de introducción general al concepto del fraude y a la situación actual, el
primer bloque reunió a tres ponentes de primer nivel con amplias visiones
complementarias. En primer lugar, el presidente de la Asociación Catalana de
Contabilidad y Dirección, Daniel Faura, sitúo a España en el número 41 a nivel
mundial en tendencia a la corrupción. Para Faura, un puesto que, pese a haber
mejorado ligeramente en los últimos años, posiblemente irá a peor pues,
preocupado por los millenials, aseguró que “1 de cada 5 menores de 35 años justifican
el fraude y la corrupción”.
El
bloque siguió con una mirada a la geopolítica a través del Coronel del Ejército
de Tierra Pedro Baños. Su ponencia giró entorno a los paraísos fiscales, esos
países donde se suele pagar un máximo del 10% de impuestos, cifra muy alejada
de la media europea, que se sitúa en el 30%. Liechtenstein, Chipre, Malta y
Holanda son algunos de los países que destacó Baños, sin olvidar Delaware (EE.UU.),
donde se alojan las sedes de más de 250.000 empresas, y el más cercano,
Gibraltar, el territorio británico en que se comercializan “150 millones de
cajetillas de tabaco al año para solamente 30.000 habitantes”.
El
bloque terminó con una de las ponencias más esperadas, la del ex-jefe de
Fiscales Auxiliares de Manhattan y ex-fiscal Federal del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos, Daniel R. Alonso. En su exposición, aprovechó
la historia de la archiconocida película El lobo de Wall Street para hablar del
testigo colaborador, pues él mismo fue el fiscal en el caso real sucedido en
1998. Alonso explicó como, en Estados Unidos, las penas de cárcel pueden bajar
considerablemente gracias a la colaboración de los implicados. En el caso de
Jordan Belfort (Leonardo Dicaprio en la película), la pena se redujo de 27-33
años a solamente 4. En su ponencia, reflexionó sobre el hecho de utilizar como
testimonio a “un tipo que ha cometido fraude y que siempre ha sido un
mentiroso”.
Tras el coffee break, en representación de
Bureau Van Dijk – A Moody’s Analytics Company, patrocinadores del evento, Pedro
Bobião, Manager Iberia de la compañia, habló del due diligence y del dilema que
representa este tipo de auditoría de terceros, en la cual son expertos.
En
materia de cibervigilancia, el Managing Lawyer of Governance, Risk &
Compliance Practice de Ecix Group, Nestor Aparició, organizó y moderó dos
paneles. En el primero, dedicado a las ciberamenazas y la legalidad del
análisis de datos masivos, se expuso el avance que pueden suponer técnicas tan
avanzadas como el machine learning, que permite a una computadora aprender a
resolver tareas sin una programación explícita previa. Con estas tecnologías,
podrían agilizarse y automatizarse procesos en las empresas, incluso para la
detección del fraude. Sin embargo, el CEO de Viiz, José Antonio Vizer, que se
dedica a desarrollar skills para el dispositivo Alexa de Amazon, mostró el otro
lado de estas nuevas tecnologías, que suponen un peligro en cuanto a la
protección de datos y de la privacidad, ya que, en su modo grabación, podría
servir para vulnerar acuerdos de confidencialidad e incluso revelar datos de
forma ilícita.
En el
segundo panel, expertos en inteligencia artificial (IA) constataron que, pese a
que la IA puede ser útil en la detección del fraude -por ejemplo, en la
detección de pagos inusuales con tarjeta-, nunca debe ser utilizada sin la
supervisión de una persona que, según el experto en la materia José Luis Prado,
“siempre debe tomar la última decisión desde la subjetividad”.
En
cuanto a contratación pública, representantes de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), de la Generalitat Valenciana y de la Oficina
Antifraude de Cataluña (OAC) debatieron sobre las medidas que adopta el sistema
público en materia de prevención de fraude y cumplimiento. Recientemente, la UE
ha decidido no solo recomendar a las entidades públicas a gestionar los
riesgos, sino que las ha obligado a hacerlo. Para la consultora de prevención
de la OAC, Lara Baena, debería prevalecer el plan de prevención por encima del
de contingencia, puesto que “si trabajamos cuando el daño ya está hecho, lo
único que podremos hacer es reducir su gravedad, pero si lo identificamos antes
de que ocurra, podremos evitarlo con actuaciones preventivas”. “El acceso a
todos los datos del sector público -en esta materia-, debería servir como
máster para el sector privado”, añadió la consultora.
En la
segunda parte del día, tuvieron lugar paneles sobre el fraude ligado al
ausentismo laboral, a la inteligencia económica y al ciberfraude, tema clave de
la jornada. En el primer caso, los ponentes expusieron los fraudes que se
cometen en relación a la incapacidad temporal en el puesto de trabajo y la
falta de medidas tomadas por la Seguridad Social en materia de bajas médicas y
absentismo.
Por su
parte, miembros de la Fundación Behaviour & Law (B&L) y el diputado y
exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, debatieron
sobre la inteligencia económica y los servicios de inteligencia que la prestan.
El patrono de B&L, Juan Antonio Gómez Bule, aseguró que la inteligencia
económica puede servir para combatir el fraude a través de los datos
acumulados.
El
último bloque del evento trató el ciberfraude dentro de la empresa privada a
través de las visiones de representantes de Dineo Crédito, ABANCA, Orbis
Argentina y Experian, que coincidieron en la necesidad de diseñar y sobre todo
implantar programas que puedan prever el fraude online, una práctica cada vez
más extensa. El director de Orbis, Carlos Alberto Mau, señaló que cualquier
empresa que cuente con un plan funcionando estará más protegida de cualquier
defraudador que otra que aún no lo haya hecho, pues los defraudadores siempre
buscan las empresas más débiles.
El
evento, que promete una tercera edición, se celebró con la colaboración de las
entidades patrocinadoras Worters Kluwers, Bureau Van Dijk y Techedge y con el
soporte de la Secretaría de Estado de Seguridad, Intedya, la Asociación
Española de Mediación (ASEMED), la Asociación Contra la Corrupción y por la
Regeneración Social (ACCORS), el Consejo General de Economistas, el Barcelona
Supercomputing Center (BSC), Prevensystem, la Fundación FIASEP, Experian,
Seguros Orbis, la Associació Catalana de Compatibilitat i Dirección (ACCID) y
la UNIR.
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